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Ante una inminente tercera ola de la Covid-19 ¿Vale la pena consumir productos que no cuentan con la evidencia ni aprobaciones respectivas para prevenir y tratar esta enfermedad? La respuesta a continuación.


Joel Fallaque

Imagen: Dgieps - MINSA (Perú)


A lo largo del mes de agosto y setiembre, Perú ha visto una sustancial caída en la tasa de infectados y número de fallecidos por Covid-19, un fenómeno no solo visto en el país, sino extendido en Sudamérica. No obstante, la aparición de una tercera ola sigue amenazando nuestra salud y vida, por más que la campaña de vacunación avance a ritmos acelerados. Según estimaciones del Ministerio de Salud [1] realizadas en el mes de agosto, en el peor escenario y ante una eventual tercera ola, Perú podría registrar más de 115 mil fallecidos por Covid-19. Esta es una importante alerta para que las autoridades no bajen la guardia en el sostenimiento del sistema de salud, pero también para que la ciudadanía mantenga las medidas de prevención personal, las que incluyen conocer los riesgos de la automedicación y el uso de productos no aprobados para seres humanos, un problema de siempre y que también ha estado presente desde el inicio de la pandemia.


Es de conocimiento popular que cuando alguien padece de algún dolor muscular, fiebre leve o resfrío, entra en pie el típico fármaco que solemos tener en casa, sea Ibuprofeno, Paracetamol, Aspirina y más. Además, no podemos dejar de lado el conocimiento tradicional sobre el cual nuestra historia está construida, donde para los síntomas mencionados también hacemos uso de hierbas con propiedades curativas. En un país como el nuestro, donde el acceso a la sanidad pública no es siempre de fácil acceso, especialmente en las zonas rurales, estas prácticas son bastante beneficiosas y altamente empleadas.


Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos: “No eres un caballo. No eres una vaca. De verdad, paren con esto”



Sin embargo, todo esto deja de ser saludable, especialmente con los fármacos, cuando se excede su uso y se espera una mejoría milagrosa sin atender a las recomendaciones de los profesionales de salud. Esto es mencionado por la OMS en sus Directrices para la evaluación reglamentaria de medicamentos para uso en automedicación donde recomienda siempre consultar con un profesional antes de consumir cualquier producto medicinal si no se tienen los conocimientos suficientes sobre el malestar [2]. Por su parte, el Catálogo florístico de plantas medicinales peruanas presentado por el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), indican que “su utilización deberá ser preferentemente indicada por un profesional de la salud con formación en el tema o por un miembro de la comunidad con experticia en el manejo de estas plantas medicinales” [3].



Y la automedicación no sería un problema público menor en el Perú. En el 2016, Rocío Hermoza y otros colaboradores presentaron una investigación donde participaron 406 personas distribuidos en 7 farmacias y 44 boticas en el distrito de Pueblo Libre. La mayoría de participantes (230 personas) indicó que se estaba automedicando (56.65%). Entre estos el 49.13% fue sugerida por el mismo paciente, el 21.74% por familiares, el 14.35% por el técnico de farmacia, el 10.87% por vecino o amigo y el 3.91% por el químico farmacéutico [4]. Parece razonable presumir que durante la pandemia este problema también se habría extendido ampliamente en la ingesta de compuestos químicos y fármacos que no tienen ni siquiera la respectiva a probación para su uso regular en tratamientos humanos. Las constantes críticas hechas por varios integrantes de la comunidad médica y científica peruana a los medios de comunicación, ante la difusión y fomento de la automedicación con productos supuestamente favorables para prevenir y tratar la Covid-19 confirmarían más la gran extensión de este problema público desde el inicio de la pandemia.













A miras de una posible tercera ola cabe la posibilidad de un uso inconsciente de ciertos compuestos químicos sin aval. Muchas personas han sido víctimas de la desinformación de ciertos medios de comunicación, los que han asumido un papel de mal divulgadores no científicos de compuestos que no han sido pensados para el tratamiento humano, cuyos peligros han sido largamente documentados. Y, en efecto, la automedicación en general está rodeada de diversos peligros para las personas [5]:


  • Toxicidad: efectos secundarios, reacciones adversas y en algunos casos intoxicación.

  • Falta de efectividad: porque se utilizan en situaciones en las que no están indicadas.

  • Dependencia o adicción.

  • Enmascaramiento de procesos clínicos graves: lo que conlleva a retraso en el diagnóstico y tratamiento correcto.

  • Interacciones con otros medicamentos o alimentos: puede haber potenciación o diminución del efecto del medicamento.

  • Resistencia a los antibióticos: el exceso del uso de antibióticos hace que nuestro cuerpo genere mecanismos de defensa antes estos, dejando de ser eficaces.


Asimismo, un producto apto para los seres humanos requiere seguir una serie de pasos importantes antes de ser ofrecido en el mercado y el sistema sanitario. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) tiene un esquema bastante ilustrativo sobre el proceso regular en el desarrollo de fármacos. Es un proceso tedioso donde cada fase es importantísima para conseguir un fármaco estable e inofensivo para el organismo humano [6].


  • Descubrimiento y desarrollo: en este paso los investigadores descubren miles de compuestos que pueden ser candidatos potenciales para el desarrollo de tratamiento médico. El descubrimiento de estos compuestos puede ser por nuevos resultados en el proceso de una enfermedad, pruebas de compuestos moleculares, tratamientos existentes con efectos no esperados, etc. Una vez identificado un compuesto prometedor el desarrollo se lleva a cabo con una serie de experimentos para obtener información para entender como es absorbida, distribuida, metabolizada y excretada, sus beneficios, así como su mecanismo de acción, la mejor dosis, etc.

  • Investigación preclínica: antes de probar los fármacos en personas, los investigadores deben encontrar si estos pueden causar daño. Estas investigaciones pueden ser in vitro, generalmente en un tubo de ensayo/placa Petri en un ambiente controlado, o in vivo, dentro de un organismo vivo, pruebas en animales.

  • Investigación clínica: mientras el paso anterior ponía a prueba la toxicidad de los fármacos, aquí se refiere a estudios o pruebas hechas en personas. La primera fase se lleva a cabo entre 20 y 100 personas saludables o personas con la enfermedad a tratar, dura varios meses, se evalúa la seguridad y dosis. La siguiente fase considera a unos varios cientos de voluntarios con la enfermedad, lleva entre varios meses hasta dos años de investigación, se evalúa la eficacia y efectos secundarios. La tercera fase considera entre 300 a 3000 voluntarios que padecen de la enfermedad durante 1 a 4 años, se evalúa la eficacia y se monitorea reacciones adversas. La última fase se realiza en miles de voluntarios que padecen de la enfermedad, se evalúa la seguridad y eficacia.

  • Revisión del regulador: un equipo examinador evalúa toda la data recolectada en los pasos anteriores y toman una decisión sobre la aprobación del fármaco en cuestión.

  • Monitoreo de seguridad post aprobación: se monitorea la seguridad de las drogas una vez están disponibles para el público.


Lamentablemente, a lo largo de este año y medio desde que empezó la emergencia sanitaria en el Perú, dos compuestos han sido ampliamente difundidos y usados por la población por medio de la automedicación, debido a su promoción por varios falsos especialistas. Ninguno de estos ha seguido completamente el esquema presentado atrás.


Uno de estos compuestos, y de los más peligrosos, es el dióxido de cloro, llamado “Solución Mineral Milagrosa” (MMS por sus siglas en inglés). A pesar de no haber superado el primer paso del esquema presentado atrás, mucha gente decidió que este blanqueador y desinfectante, misma función que la lejía, cumplía lo necesario para protegerse de la COVID-19. Lo comercialmente vendido como clorito sódico, necesita de un activador (ácido) para generar dióxido de cloro, peligroso agente que si se escapa de su medio acuoso es mucho más corrosivo que la lejía de casa.


Una forma de medir el grado de corrosión u oxidación es en base a los potenciales de oxidación. En 1996 Kaczur mostró que el potencial de oxidación de la lejía, hipoclorito de sodio, es de 0.890 volts, mientras que el dióxido de cloro contaba con un potencial de 1.504 volts, un 70% más [7]. Por este motivo, los partidarios para el consumo humano de este compuesto recomiendan que la dosis sea diluida, citando para ello varios estudios previos, que, si bien son veraces, su único fin es probar su aplicación en la desinfección y purificación de agua y aire; no su uso medicinal en seres humanos.


El proceso de desinfección, que no es más que una reacción química, destruye las bacteria, virus y materia orgánica al mismo tiempo que al agente oxidante, en este caso el dióxido de cloro. Este proceso genera compuestos inofensivos para el organismo humano, como puede ser el cloruro de sodio, una simple sal. Entonces, las concentraciones bajas asegurarían que, al desinfectar el medio a tratar, este compuesto se destruye en el proceso y no ingresa en nuestro organismo o ingresa en concentraciones tan bajas que no existe daño. Se ha visto que este compuesto inactiva el virus, pero solo en pruebas in-vitro. Para que este compuesto pueda cumplir alguna presunta función de protección debería ser suministrado en concentraciones más altas. Pero, así como protegería nuestro organismo frente al nuevo coronavirus, lo destruiría internamente. Por esta razón, los científicos han optado por no perder el tiempo evaluando este compuesto para los seres humanos.


El otro compuesto que ha sido ampliamente suministrado y recomendado por algunos “expertos” es la ivermectina. Este compuesto es un antiparasitario utilizado normalmente en el ganado y que puede ser usado en seres humanos en bajas concentraciones, pero con el mismo fin. El estudio “Meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection” que fue presentado el 06 de julio de este año para fundamentar su uso, es como su propio nombre lo dice, un meta-análisis, definido por el libro Molecular Aspects of Alcohol and Nutrition como:


  • Un método estadístico para combinar resultados de diferentes estudios, especialmente aquellos con pequeño tamaño muestral o con resultados ambiguos.

  • Usualmente es una importante parte de revisiones sistemáticas.

  • El primer paso y muy importante es una búsqueda en la literatura. Así, una literatura incompleta puede traer resultados incorrectos.

  • Es realizado identificando una media estadística común compartida entre los diferentes estudios, y calculando un promedio ponderado de este observable.


Debido a estas características, un meta-análisis no es un estudio robusto que, además, echa en falta la reproducibilidad, pilar del método científico. Asimismo, se encuentra presente un fuerte carácter subjetivo, ya que los investigadores pueden seleccionar estudios solo favorables a lo que intentan demostrar. Y en este caso en particular, el estudio fue realizado por el grupo “Ivermectina Internacional” y publicado en el portal Research Square, un sitio de rápida publicación sin pasar por revisores externos ni otros filtros importantes.


Para presentar este trabajo, hicieron una recopilación de 18 estudios de ensayo controlados aleatorios de distintos registros obtenidos de Pubmed, Embase y MedRxiv. Obteniendo así el total de 2282 pacientes. De estos 18 estudios, solo 5 han sido publicados en revistas de investigación, 6 están disponibles en pre-print (misma situación que este estudio), 6 son resultados no publicados que fueron compartidos para hacer este análisis y 1 con resultados informados a través de un sitio web. Además, las muestras van desde 24 a 400 participantes por estudio, por lo que el grado de sesgo es bastante elevado. Su propia conclusión es que a pesar de la tendencia que obtienen, sus “resultados” no son lo suficiente robustos para justificar la aprobación de la ivermectina.


Además de esto, en marzo del presente año la FDA explicó los motivos por los cuales no debería automedicarse con Ivermectina [8]. Sin embargo, frente al aumento de hospitalizaciones por su uso, el 21 de agosto optó por ser mucho más enfática en su cuenta oficial de Twitter con el título de “No eres un caballo. No eres una vaca. De verdad, paren con esto” [9]. Allí también se recalca que su consumo puede ser peligroso para el organismo humano, ya que puede interactuar con otros medicamentos como los anticoagulantes. También se puede sufrir de sobredosis, y como consecuencia de ello, padecer vómitos, diarrea, baja presión sanguínea, reacciones alérgicas, mareos, problemas con el equilibrio, convulsiones y hasta la muerte.


En esa misma fecha el diario New York Times publicó una nota sobre los peligros del uso de productos con destino veterinario en humanos [10]. En esta nota mencionan como en Latinoamérica fue difundido estudios a favor del uso de este fármaco para tratar el coronavirus, donde hasta la cadena Fox News presentó alguno de estos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud de los EE. UU. informó que la mayoría de los estudios relacionados a la Ivermectina y coronavirus tienen “información incompleta y significantes limitaciones metodológicas”. El artículo también menciona que en el Estado de Luisiana fueron reportados pacientes que necesitaban apoyo médico y hospitalizaciones después de automedicarse con Ivermectina veterinaria destinada para caballos.


Así que, en la medida que la tercera ola puede ser una realidad en los próximos meses, es importante tomar decisiones con la información correcta, así como resistir a la automedicación. Debemos consumir solo medicamentos que estén aprobados por entes reguladores y seguir indicaciones de verdaderos profesionales de salud y científicos que hacen todo lo que está en sus manos para que la pandemia llegue a su fin, o al menos esté bajo control. No nos dejemos engañar por falsos expertos que buscan sacar partido de la situación. Lo mejor que podemos hacer ahora es recibir la alternativa científica más efectiva a la mano: la vacuna contra la Covid-19, con sobrada evidencia de que reduce las probabilidades de enfermar gravemente y fallecer.

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[1] Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC Perú. Informe técnico N° 076-2021 “Proyección de escenarios de la tercera ola de Covid-19 en el Perú”. Ministerio de Salud.

[2] Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication. World Health Organization. 2000. Publisher: World Health Organization.

[3] Catálogo Florístico de Plantas Medicinales Peruanas. 2013. Publisher: Instituto Nacional de Salud.

[4] Hermoza-Moquillaza, Rocío, Loza-Munarriz, César, Rodríguez-Hurtado, Diana, Arellano-Sacramento, César, & Hermoza-Moquillaza, Víctor. Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú. 2016. Revista Medica Herediana, 27(1), 15-21.

[5] Robert L. La automedicación. 2010. Publisher: Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya.

[6] The Drug Development Process. 2018. U.S. Food & Drug Administration. https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process

[7] Kaczur, J.J. Oxidation chemistry of chloric acid in NOx/SOx and air toxic metal removal from gas streams. 1996. Environ. Prog., 15: 245-254.

[8] Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19. Food & Drugs Adminisitración. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19

[10] Health officials warn people not to treat Covid with a drug meant for livestock. https://www.nytimes.com/2021/08/21/world/ivermectin-fda-covid-19-treatment.html

 
 
 

Si bien el proyecto no empleará recursos públicos, surgen dudas sobre la capacidad del Estado para mitigar los diversos impactos negativos a la vista.


Vanessa Schaeffer


La construcción del mega puerto de Chancay constituye un gran paso para el desarrollo del comercio exterior nacional y de la infraestructura portuaria en el país. El proyecto tendrá la capacidad de movilizar 1.5 millones de contenedores por año y permitirá la llegada de los barcos Triple E de Asia (considerados entre los barcos portacontenedores más grandes del mundo) por primera vez a Sudamérica. Con una inversión de más de US$ 3 mil millones, se espera que el Mega puerto genere más de 10mil nuevos empleos; y se convierta además en un hub regional desde donde se redistribuya carga hacia otros puertos en Chile, Ecuador y Colombia [1].


A diferencia de otros grandes puertos en el país (como el del Callao, en Lima, o el de Paita, en Piura), el Megapuerto de Chancay se trata de un proyecto de uso público y de titularidad privada. El puerto y sus obras complementarias pertenecen a COSCO Shipping, empresa del gobierno chino que cuenta con el 60% de las acciones sobre el puerto y que tiene además la exclusividad (monopolio) sobre todos sus actividades y servicios portuarios [2].


Los beneficios económicos de este gran proyecto de inversión son evidentes (nuestro gobierno no deberá gastar del tesoro público ni asumir riesgos financieros en ello), sobre todo en un contexto económico como el causado por el Covid19. Sin embargo, surgen dudas sobre la capacidad que tiene nuestro gobierno para mitigar los impactos negativos de un proyecto de estas dimensiones, impactos que ponen en riesgo no solo la vida, las viviendas y sustento de miles de pescadores de Chancay; sino también nuestro patrimonio y seguridad nacional.


Medio ambiente, pesca y el megapuerto Chancay


El Megapuerto de Chancay planificado por Cosco Shipping impactará significativamente el ecosistema marino local, del que dependen más de 2mil familias de pescadores artesanales de la zona. Afectación de viviendas por erosión, emisión de material particulado y la grave afectación del Humedal Santa Rosa (ecosistema frágil, protegido por el Convenio Ramsar), están entre las principales observaciones a las que la empresa no dado respuesta.


El proceso de evaluación ambiental por parte del SENACE admitió mecanismos no presenciales de participación ciudadana, y continuó a pesar del rechazo de la población, en plena pandemia. El estudio ambiental (MEIA Terminal portuario de Chancay) fue aprobado de manera acelerada, a medianoche del 22 de diciembre de 2020 por el gobierno del ex presidente Martin Vizcarra, involucrado en turbias negociaciones para la adquisición de la vacuna de procedencia china Sinopharm.


Más allá de los impactos locales, resulta preocupante la conexión que el Megapuerto chino de Chancay podría tener con la pesca ilegal industrial que amenaza nuestro patrimonio pesquero nacional.


La flota pesquera china que arrasa con los recursos marinos en las afueras de Galápagos, navega también por el litoral peruano, arrasando con toneladas de pota (calamar) y otras especies. Durante los últimos 5 años esta flota ha crecido en más de 200% y actualmente se han identificado más de 300 barcos industriales de bandera china pescando de manera simultánea en las aguas del pacífico sur [3]. La presencia de esta flota masiva responde a una importante política del gobierno chino que busca potenciar y consolidar su capacidad de pesca en aguas distantes; y de procesamiento y abastecimiento de mercados locales y de exportación. Para ello, el gobierno chino ha destinado billonarios subsidios, financiando el crecimiento y las incursiones de su flota en aguas de Perú, Chile, Argentina, Ecuador y del pacífico sur [4].


No solo el tamaño masivo de la flota pesquera china genera preocupaciones (por sus niveles de captura por lejos insostenibles. Existe amplia evidencia de que sus barcos irrumpen en las ZEE (zonas económicas exclusivas) de Perú y los otros países del pacífico sur, desactivan sus dispositivos de monitoreo, manipulan datos para evitar ser identificados e incluso, realizan transbordos de capturas en altamar a barcos no identificados; actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), principal responsable del agotamiento de los recursos pesqueros, extinción de especies marinas y de la depredación de los océanos a nivel global [5].


Para llevar a cabo estas actividades, los puertos son clave. La flota pesquera (que puede mantenerse por largas temporadas de un año o más pescando en altamar) y, sobre todo, los barcos que le proveen de suministros, buscan puertos donde atracar para abastecerse.


Perú, es parte de un tratado internacional (el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto AMERP) que obliga a sus puertos a inspeccionar, solicitar información o incluso, negar el acceso a barcos sospechosos de pesca INDNR. Volviendo al caso del puerto Chancay, como propiedad y monopolio del gobierno Chino, surgen dudas sobre la capacidad del estado peruano de inspeccionar o negar el acceso de su propia flota. Más aún cuando China, no ha mostrado voluntad política para suscribir el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Si bien las autoridades del estado peruano han reforzado sus capacidades de inspección y vigilancia pesquera durante los últimos años, deberán mantenerse alertas y realizar aún mayores esfuerzos para continuar en su lucha contra la pesca ilegal.


Inversión china en Perú


Finalmente, cabe tener en cuenta que la millonaria inversión del gobierno chino en el mega puerto de Chancay va más allá de intereses económicos. El Mega puerto de Chancay constituye una pieza estratégica del gigante asiático para consolidar su posición geopolítica en la región y a nivel mundial. Al respecto, Gabriela Pajuelo, especialista de la Universidad de Navarra señala:


“Aunque una infraestructura como la de Chancay es altamente interesante para el país beneficiado, este puede verse obligado a devolver el favor de otras maneras, quizás permitiendo la explotación de recursos minerales. Al margen de eso, están las disposiciones internas chinas, que obligan a sus empresas con terminales portuarias en el resto del mundo a acoger a la armada de guerra en caso necesario” [6].


Más allá de las expectativas y especulaciones que el puerto chino en Chancay pueda generar, es importante que el gobierno peruano discuta e implemente medidas oportunas para mitigar los impactos en los recursos pesqueros, en el medio ambiente, economía e incluso, en la soberanía nacional; que un proyecto de estas características y dimensiones tiene el potencial de causar. La inversión china y su papel en la recuperación económica post Covid deben ser un tema clave en el gobierno entrante.


Fotografía: El Peruano

 

Referencias


1. Ledger, Gwendolyn. Desde Shanghái hasta Chancay: Perú acoge el primer puerto operado por una empresa china en América del Sur. En Americaeconomia. Disponible en https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/desde-shanghai-hasta-chancay-peru-acoge-el-primer-puerto-operado-por-una-empresa?fbclid=IwAR0--7yP7uNS3jZeX6eNnJ009LiBV-3y5SixB9qhkuPBTfRezjRNPyWYcwU


2. Autoridad Portuaria Nacional. Ministerio de Comunicaciones. INFORME LEGAL N° 0035-2021-APN-UAJ. 6 de febrero de 2021.


3. Aroni Eloy. Siguiendo las luces: La pesca del calamar en el Océano Pacífico Sudoriental. Global Fishing Watch. 13 de octubre de 2020. Disponible en https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/la-pesca-del-calamar/


4. Tabitha Mallory, Ian Ralby (2020): Evolution of the Fleet: A Closer Look at the Chinese Fishing Vessels off the Galapagos. Center for International Maritime Security. USA. Disponible en línea en http://cimsec.org/evolution-of-the-fleet-a-closer-look-at-the-chinese-fishing-vessels-off-the-galapagos/46116, Última actualización el 20/10/2020, Última comprobación el 23/01/2021.


5. Mongabay Environmental News (2020): New evidence suggests China’s ‘dark’ vessels poached in Galápagos waters. Disponible en línea en https://news.mongabay.com/2020/10/new-evidence-suggests-chinas-dark-vessels-poached-in-galapagos-waters/, Última actualización el 30/10/2020, Última comprobación el 23/01/2021.


6. Pajuelo, Gabriela. El primer puerto de China en Latinoamérica se construye en Perú. Global Affairs. Strategic Studies. Universidad de Navarra. Disponible en: https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/el-primer-puerto-de-china-en-latinoamerica-se-construye-en-peru


 
 
 


La educación para la ciudadanía no descansa solamente en un aprendizaje mecánico de derechos y deberes. Es importante que las y los estudiantes razonen sobre lo que van aprendiendo, escojan sus caminos y sean ciudadanos críticos y reflexivos de su entorno.


Silvia Espinal


Dentro de un contexto de pandemia por el COVID-19 y dentro de las elecciones generales, la defensa de una educación pública de calidad que forme para la ciudadanía resulta crucial. Este artículo recogerá los fundamentos para esta defensa dentro del panorama educativo actual.


La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las problemáticas estructurales en educación que han caracterizado históricamente al Perú. Estas problemáticas se expresan, por ejemplo, en bajos niveles de calidad educativa, déficit de infraestructura y una débil articulación a nivel de gestión de políticas educativas en las diferentes instancias del sector. Ello se agrava aún más si consideramos que estas problemáticas afectan con mayor énfasis a los niños, niñas y jóvenes en las áreas rurales de la sierra y amazonía del Perú. Por ejemplo, las pruebas de calidad educativa (Evaluación Censal de Estudiantes, ECE) que publica el Ministerio de Educación (MINEDU) revelan grandes brechas en el logro de aprendizajes entre la población urbana y aquellos estudiantes que están en la sierra y selva y que, en muchos casos, tienen a una lengua nativa como lengua madre.


Sin embargo, el panorama es todavía más complejo, pues en las zonas rurales existen variables como la geografía (largas distancias entre la casa y escuela), los estereotipos de género (las niñas abandonan la escuela en mayor proporción que los niños), las escuelas unidocentes (donde un solo maestro enseña a niños de distintas edades, niveles de aprendizaje y aptitudes), entre otras, que afectan la calidad del servicio educativo en desmedro de las poblaciones con mayores desventajas.


Con la llegada de la pandemia en marzo del 2020, el MINEDU activó medidas de emergencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes. Dada la imposibilidad de asistir a clases presenciales, se decidió implementar la estrategia “Aprendo en casa” que inició su transmisión por radio, televisión e internet. Si bien esta medida se alineaba a las respuestas de países del norte global y de la región, pronto se visibilizaron las graves problemáticas asociadas, por ejemplo, a la brecha digital y mostraron disparidades entre las zonas urbanas y rurales: por ejemplo, para el trimestre entre abril y junio del año 2020, el acceso a recursos tecnológicos como computadora e internet alcanzaba a más del 50% de hogares en Lima metropolitana mientras que en las zonas rurales este porcentaje fue menos del 10% (INEI, 2020).


Frente a esta situación, si bien el 96% de estudiantes en zonas urbanas accedía a la educación virtual, la realidad en las zonas rurales mostraba, a mediados del año 2020, que esta cobertura alcanzaba al 90% de estudiantes (MINEDU, 2020). Es decir, tanto en las zonas urbanas y rurales existen niños, niñas y jóvenes que no alcanzan conexión en los registros audiovisuales proporcionados por el MINEDU. En otras palabras, desde el inicio de la pandemia, el MINEDU ha tenido el enorme reto de asegurar el derecho a la educación de estas poblaciones. Sumado a ello, el país sigue enfrentado desde el año 2020 no solo a una crisis sanitaria sino también a crisis a nivel político y social tras la vacancia del expresidente Vizcarra y una serie de escándalos como el “vacunagate” que dañan fuertemente al país.


Por ello, a un año de la declaratoria de emergencia nacional en el país por el COVID-19 y en épocas de elecciones generales, es preciso exigir a las futuras autoridades tras las elecciones, que se garantice el pleno derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes de modo que logren aprendizajes de calidad y se formen como ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué insistir en la formación de ciudadanía desde la escuela?


Para fundamentar ello, es clave detenernos en dos graves hechos que han remecido nuestra sociedad en los últimos meses y que demandan una acción ciudadana crítica: el primero se dio cuando en noviembre pasado, en medio de la pandemia, un grupo de congresistas vacaron de manera irresponsable al expresidente Vizcarra desatando una grave crisis política y social que tuvo como respuesta la indignación ciudadana y masivas protestas en las calles, protagonizadas por los jóvenes, la generación del bicentenario. Lamentablemente, en medio de estas protestas dos jóvenes fueron asesinados y se gestó el repudio de la gran mayoría de la población frente a estos hechos. Pocos meses después, en febrero pasado, ya instalado el gobierno de transición, el país enfrentaba el escándalo de una vacunación irregular contra el COVID-19 por parte de altos funcionarios del Estado y personal vinculado al estudio de Sinopharm que tomó beneficio de la vacuna desatando nuevamente una crisis en el país.


Frente a estos hechos, la formación en ciudadanía desde la escuela resulta más que crucial. La ciudadanía no descansa solamente en un aprendizaje mecánico de derechos y deberes. Es mucho más que eso. Siguiendo el objetivo fundamental del Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, para la construcción de la ciudadanía resulta clave que la escuela se entienda dentro de un territorio con características físicas, sociales, económicas, ambientales y culturales que definan no solo qué se enseña (los contenidos) sino cómo el entorno resulta crucial para definir vocaciones, buscar oportunidades y reforzar el vínculo de los estudiantes con sus espacios socioculturales. Este proceso es fundamental para formar ciudadanos y ciudadanas desde la escuela, donde esta última se entienda como un espacio vivo, anclado al territorio y dinamizador de los diferentes procesos políticos, económicos y socioculturales. Sin duda, el rol de los docentes se torna relevante al ser interlocutores y facilitadores de estos procesos de reflexión por parte de los estudiantes. Si trabajamos estos procesos de discusión y deliberación desde la escuela, contribuiremos a la formación de una sociedad civil fuerte y empoderada que exigirá transparencia y protestará contra aquellas autoridades corruptas que usen al estado como una fuente de lucro individual. A largo plazo, tendremos representantes y autoridades que ejerzan sus cargos con honestidad y real vocación de servicio al país.


De este modo, la defensa del derecho a la educación pública de calidad va unida a la defensa de una educación que forme para la ciudadanía. Actualmente, la mayoría de candidatos a la presidencia de la república manifestaron elevar el gasto público en educación, cerrar la brecha de infraestructura, lograr una mejor remuneración para los docentes y fortalecer la calidad de la educación básica y superior. Sin duda, todo ello es absolutamente prioritario. Pero lo es también defender y promover una escuela en donde ningún niño o niña se quede atrás, donde aseguremos que todos los niños y jóvenes peruanos aprendan y, sobre todo, razonen sobre lo que van aprendiendo, escojan sus caminos y sean ciudadanos críticos y reflexivos de su entorno.


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Referencias


1. Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036. Lima: Consejo Nacional de Educación, 2021.


2. INEI. 2020 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Informe Técnico N° 3, Setiembre 2020. Acceso: 24 de Marzo, 2021.


3. MINEDU (2020) “Ministro Benavides: Aprendo en casa ha llegado para quedarse” Acceso: 24 de Marzo, 2021.




 
 
 
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