Defender una educación pública de calidad que forme para la ciudadanía
- Oswaldo Leandro Cornejo Amoretti
- 19 abr 2021
- 5 Min. de lectura
La educación para la ciudadanía no descansa solamente en un aprendizaje mecánico de derechos y deberes. Es importante que las y los estudiantes razonen sobre lo que van aprendiendo, escojan sus caminos y sean ciudadanos críticos y reflexivos de su entorno.
Silvia Espinal
Dentro de un contexto de pandemia por el COVID-19 y dentro de las elecciones generales, la defensa de una educación pública de calidad que forme para la ciudadanía resulta crucial. Este artículo recogerá los fundamentos para esta defensa dentro del panorama educativo actual.
La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las problemáticas estructurales en educación que han caracterizado históricamente al Perú. Estas problemáticas se expresan, por ejemplo, en bajos niveles de calidad educativa, déficit de infraestructura y una débil articulación a nivel de gestión de políticas educativas en las diferentes instancias del sector. Ello se agrava aún más si consideramos que estas problemáticas afectan con mayor énfasis a los niños, niñas y jóvenes en las áreas rurales de la sierra y amazonía del Perú. Por ejemplo, las pruebas de calidad educativa (Evaluación Censal de Estudiantes, ECE) que publica el Ministerio de Educación (MINEDU) revelan grandes brechas en el logro de aprendizajes entre la población urbana y aquellos estudiantes que están en la sierra y selva y que, en muchos casos, tienen a una lengua nativa como lengua madre.
Sin embargo, el panorama es todavía más complejo, pues en las zonas rurales existen variables como la geografía (largas distancias entre la casa y escuela), los estereotipos de género (las niñas abandonan la escuela en mayor proporción que los niños), las escuelas unidocentes (donde un solo maestro enseña a niños de distintas edades, niveles de aprendizaje y aptitudes), entre otras, que afectan la calidad del servicio educativo en desmedro de las poblaciones con mayores desventajas.
Con la llegada de la pandemia en marzo del 2020, el MINEDU activó medidas de emergencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes. Dada la imposibilidad de asistir a clases presenciales, se decidió implementar la estrategia “Aprendo en casa” que inició su transmisión por radio, televisión e internet. Si bien esta medida se alineaba a las respuestas de países del norte global y de la región, pronto se visibilizaron las graves problemáticas asociadas, por ejemplo, a la brecha digital y mostraron disparidades entre las zonas urbanas y rurales: por ejemplo, para el trimestre entre abril y junio del año 2020, el acceso a recursos tecnológicos como computadora e internet alcanzaba a más del 50% de hogares en Lima metropolitana mientras que en las zonas rurales este porcentaje fue menos del 10% (INEI, 2020).
Frente a esta situación, si bien el 96% de estudiantes en zonas urbanas accedía a la educación virtual, la realidad en las zonas rurales mostraba, a mediados del año 2020, que esta cobertura alcanzaba al 90% de estudiantes (MINEDU, 2020). Es decir, tanto en las zonas urbanas y rurales existen niños, niñas y jóvenes que no alcanzan conexión en los registros audiovisuales proporcionados por el MINEDU. En otras palabras, desde el inicio de la pandemia, el MINEDU ha tenido el enorme reto de asegurar el derecho a la educación de estas poblaciones. Sumado a ello, el país sigue enfrentado desde el año 2020 no solo a una crisis sanitaria sino también a crisis a nivel político y social tras la vacancia del expresidente Vizcarra y una serie de escándalos como el “vacunagate” que dañan fuertemente al país.
Por ello, a un año de la declaratoria de emergencia nacional en el país por el COVID-19 y en épocas de elecciones generales, es preciso exigir a las futuras autoridades tras las elecciones, que se garantice el pleno derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes de modo que logren aprendizajes de calidad y se formen como ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué insistir en la formación de ciudadanía desde la escuela?
Para fundamentar ello, es clave detenernos en dos graves hechos que han remecido nuestra sociedad en los últimos meses y que demandan una acción ciudadana crítica: el primero se dio cuando en noviembre pasado, en medio de la pandemia, un grupo de congresistas vacaron de manera irresponsable al expresidente Vizcarra desatando una grave crisis política y social que tuvo como respuesta la indignación ciudadana y masivas protestas en las calles, protagonizadas por los jóvenes, la generación del bicentenario. Lamentablemente, en medio de estas protestas dos jóvenes fueron asesinados y se gestó el repudio de la gran mayoría de la población frente a estos hechos. Pocos meses después, en febrero pasado, ya instalado el gobierno de transición, el país enfrentaba el escándalo de una vacunación irregular contra el COVID-19 por parte de altos funcionarios del Estado y personal vinculado al estudio de Sinopharm que tomó beneficio de la vacuna desatando nuevamente una crisis en el país.
Frente a estos hechos, la formación en ciudadanía desde la escuela resulta más que crucial. La ciudadanía no descansa solamente en un aprendizaje mecánico de derechos y deberes. Es mucho más que eso. Siguiendo el objetivo fundamental del Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, para la construcción de la ciudadanía resulta clave que la escuela se entienda dentro de un territorio con características físicas, sociales, económicas, ambientales y culturales que definan no solo qué se enseña (los contenidos) sino cómo el entorno resulta crucial para definir vocaciones, buscar oportunidades y reforzar el vínculo de los estudiantes con sus espacios socioculturales. Este proceso es fundamental para formar ciudadanos y ciudadanas desde la escuela, donde esta última se entienda como un espacio vivo, anclado al territorio y dinamizador de los diferentes procesos políticos, económicos y socioculturales. Sin duda, el rol de los docentes se torna relevante al ser interlocutores y facilitadores de estos procesos de reflexión por parte de los estudiantes. Si trabajamos estos procesos de discusión y deliberación desde la escuela, contribuiremos a la formación de una sociedad civil fuerte y empoderada que exigirá transparencia y protestará contra aquellas autoridades corruptas que usen al estado como una fuente de lucro individual. A largo plazo, tendremos representantes y autoridades que ejerzan sus cargos con honestidad y real vocación de servicio al país.
De este modo, la defensa del derecho a la educación pública de calidad va unida a la defensa de una educación que forme para la ciudadanía. Actualmente, la mayoría de candidatos a la presidencia de la república manifestaron elevar el gasto público en educación, cerrar la brecha de infraestructura, lograr una mejor remuneración para los docentes y fortalecer la calidad de la educación básica y superior. Sin duda, todo ello es absolutamente prioritario. Pero lo es también defender y promover una escuela en donde ningún niño o niña se quede atrás, donde aseguremos que todos los niños y jóvenes peruanos aprendan y, sobre todo, razonen sobre lo que van aprendiendo, escojan sus caminos y sean ciudadanos críticos y reflexivos de su entorno.
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Referencias
1. Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036. Lima: Consejo Nacional de Educación, 2021.
2. INEI. 2020 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Informe Técnico N° 3, Setiembre 2020. Acceso: 24 de Marzo, 2021.
3. MINEDU (2020) “Ministro Benavides: Aprendo en casa ha llegado para quedarse” Acceso: 24 de Marzo, 2021.
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